El desconocimiento del verdadero alcance del acta de conciliación en derecho de familia

En nuestro país, la conciliación en derecho de familia se ha consolidado como un mecanismo indispensable para promover el diálogo entre las partes y buscar soluciones rápidas frente a conflictos que, de otra manera, terminarían en los estrados judiciales. Sin embargo, en la práctica se observa un fenómeno preocupante: muchas personas creen erróneamente que el acta de conciliación firmada ante un defensor o comisario de familia constituye una decisión definitiva, una “última palabra” .

Este malentendido genera consecuencias graves. En primer lugar, quienes atraviesan situaciones de incumplimiento alimentario o controversias sobre custodia y visitas suelen desgastarse en múltiples citaciones de conciliación, sin comprender que este trámite no es ilimitado ni eterno. La conciliación, en estos casos, tiene un propósito claro: agotar el requisito de procedibilidad, es decir, demostrar que antes de acudir al juez se intentó un arreglo directo. Una vez cumplida esa etapa, el ciudadano tiene pleno derecho a acudir a la jurisdicción de familia para que sea un juez quien defina el asunto.

El desconocimiento de este marco legal provoca un efecto en cadena. Por un lado, las familias terminan atrapadas en un círculo de conciliaciones fallidas que retrasan el acceso a la justicia. Por otro, las entidades como las comisarías y defensorías de familia se ven desbordadas de solicitudes reiterativas que, en realidad, deberían ser trasladadas al escenario judicial. Y al final, la frustración ciudadana se transforma en desconfianza hacia las instituciones, como si estas no ofrecieran soluciones reales, cuando en muchos casos lo que falta es una asesoría jurídica oportuna y clara.

Es urgente, entonces, fortalecer las campañas de información a la ciudadanía, capacitar mejor a los funcionarios y recordar que la conciliación es un medio, no un fin en sí mismo. El acta no es una sentencia, sino un documento que prueba el intento de arreglo. Solo así podremos evitar que las personas se desgasten en trámites interminables, que las instituciones colapsen con casos repetitivos y, lo más importante, que la gente pierda la fe en la justicia.

En últimas, la falta de orientación hace que muchos terminen rindiéndose. Y cuando los ciudadanos se rinden, quienes ganan son siempre los incumplidos.